LA OTRA CARA DE LA MONEDA: JUSTICIA A PALOS

 

Hace poco, la población, mayoritariamente joven, decidió salir a las calles a reclamar con viva voz lo que estaba sucediendo en la política de nuestro país que, desde hace ya mucho tiempo, venimos arrastrando; sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue cuando el Congreso de la República, presidido por Manuel Merino, decidió destituir al ahora ex presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral” debido a presuntas irregularidades en la contratación del cantante Richard Swing. Producto de ello, provocó que ese mismo día se desencadenara una serie de protestas masivas que fueron el crudo reflejo de una ciudadanía cansada de la intolerable normalidad atribuida a la corrupción que, poco a poco, iba formando parte de la estructura de gobierno; es así que, desde cacerolazos en las ventanas de los edificios y casas hasta llenar las calles con arengas y carteles en varias regiones del país, acabaron por destituir a Manuel Merino, sucesor de Vizcarra, de la presidencia de la República, sin embargo, a pesar de esta gran victoria, no podemos dejar de lado los trágicos sucesos ocurridos a raíz de la intervención de los agentes policiales en las protestas.

Para empezar, las famosas “marchas nacionales” en contra del régimen de Merino, que convocaron a la ciudadanía a unirse a esta protesta para no ser simples espectadores pasivos de la convulsión política que estaba sucediendo, no es algo ilegal sino más bien, están reconocidas en nuestra constitución política, específicamente, en su art. 2° numeral 12 así como también, en ámbitos internacionales, en el art. 15° de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH) y el art. 21° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros más; por lo tanto, en contra de muchas especulaciones dadas por los medios de comunicación, las personas que asistieron a dichas protestas no reciben la calificación de terroristas, subversivos ni mucho menos delincuentes debido a que solo estaban ejerciendo un derecho que les corresponde: el derecho a protestar. A pesar de ello, el gobierno, en guardia de sus intereses, quería controlar la actuación del pueblo permitiendo que agentes policiales intervengan haciendo uso de su fuerza de manera arbitraria provocando un centenar de desaparecidos, heridos y lamentablemente, la muerte de dos jóvenes estudiantes: Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Ya habiendo explicado el contexto en el que ocurrieron estos sucesos, el presente ensayo gira en torno de un tema que quizás no haya sido considerado tan importante, sin embargo, amerita realizar un análisis con la finalidad de comprender mejor nuestra realidad actual. Me estoy refiriendo a la “otra cara de la moneda”, es decir, a los agentes que ostentaban de ese uso arbitrario y excesivo de su fuerza policial y su moralidad, que juega un papel al momento de actuar.

Sin tener mucho conocimiento sobre la estructura de la Policía Nacional del Perú (PNP), es sabido que existe una “pirámide” de rangos que en su piso más bajo están los suboficiales de Armas; de ahí, los comandantes, tenientes y así, sucesivamente hasta llegar al General de Policía, que es el grado más alto al que una persona puede aspirar dentro de ese rubro. La finalidad de este orden jerárquico es poder cumplir con todas sus funciones correspondiente de manera más adecuada y eficiente; por lo tanto, para que esto se pueda cumplir, es necesario que la jerarquía de mandos se respete para que pueda preservar el orden. Todo esto, a pesar de su simplicidad, tuvo mucha relevancia en las protestas realizadas por la crisis política que sucedía en el Congreso, debido a que para que los agentes policiales ejerzan una violencia de tal magnitud sobre la población, dicha actuación tuvo que tener su génesis en una orden proveniente de las más altas cabezas que la legitimaban.

A simple vista, sin necesidad de dar argumento alguno, es totalmente reprochable el rol que asumió la Policía Nacional del Perú y de eso no existe duda alguna; no obstante, el debate se centra sobre aquellos policías que ocupan rangos inferiores y que, según mandato expreso de la ley, deben prestar obediencia a las órdenes de sus superiores.

Como se ha podido ver en varios medios de comunicación, lo que buscaba la PNP era erradicar todo tipo de protesta que se estuviese realizando, especialmente, en la ciudad de Lima y para ello, tenía que recurrir a cualquier medio que estuviese a su alcance (bombas lacrimógenas, perdigones de goma, gas pimienta, etc.), olvidándose de que no estaban enfrentándose a los más peligrosos delincuentes del país sino que, tenían en frente a una población cansada de todas las injusticias cometidas por parte de su Gobierno y que a lo mucho, contaban con carteles, silbatos, entre otras cosas inofensivas. Por consiguiente, si se les comunicó a los agentes policiales de salir a las calles para detener esas marchas sin importar las consecuencias teniendo el total amparo del Gobierno, ¿hasta qué punto tienen la obligación de seguir dichas órdenes si es que va en contra de sus propios principios? ¿hasta qué nivel la ética profesional debe ir por encima de la moral, propia de cada persona? Estoy convencida de que, al momento de utilizar sus armas dejando heridos hasta incluso, muertos, por lo menos unos cuantos del cuerpo policial se cuestionaron si es que realmente estaban en el bando correcto.

Cabe resaltar, que la intervención de la policía recibió el apoyo del presidente del consejo de ministros; por lo tanto, tenía amparo, entonces, esto agrava aún mucho más la posición de los “subordinados” ya que, si no cumplían dichas órdenes, estaban incurriendo en el delito de insubordinación tipificado en el art. 117° del Código Penal Militar Policial. También, no debemos olvidar que estamos en una época de pandemia donde el Covid- 19 se suma a la larga lista de enemigos que tiene nuestro país; por esta razón, al existir una gran posibilidad de ser despedido, resulta muy difícil desistir por la complicada situación económica y la alta tasa de contagios que estamos atravesando. Por último, mencionar la fungibilidad de los actores policiales que consiste en que, si uno de ellos se niega a utilizar armas violentas contra la población sabiendo que puede llegar a causar la muerte de un civil, otra persona fácilmente puede ocupar su puesto ya que, como hemos mencionado antes, pueden existir de por medio razones económicas, familiares, etc. más fuertes que su moral.

Por otro lado, dentro de todo este meollo político, los medios de comunicación fueron la última pieza para completar el puzle; estos, al ver la gran popularidad que generaron las marchas, no lejos de sus intereses lucrativos, llegaron a distorsionar la realidad. Según nuestra Constitución Política en su art. 2° numeral 4, se señala a “la libertad de información mediante palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimentos algunos”; por lo tanto, canales de televisión, radio, entre otros, al estar dentro de la categoría de medios de comunicación social, deben cumplir con el rol de informar a la población sobre los sucesos que ocurren en nuestra realidad pero de una manera adecuada y veraz, cosa que no sucedió con las protestas ya que influenciaron en las personas, a veces de una manera exagerada, creando un desbalance en la percepción de la comunidad por parte de ambos bandos. Como ya mencioné anteriormente, el accionar de los agentes policiales es totalmente reprochable, pudiendo tener a diversos testigos que declaraban un uso arbitrario de su fuerza; sin embargo, para poder tomar una decisión libre e informada, es necesario conocer la “verdadera” realidad de las cosas sin alguna distorsión o exageración por parte de los medios.

En resumen, todos los argumentos anteriormente planteados, hacen difícil poder responder a las dos preguntas planteadas y definitivamente, es imposible negar que cuando se habla de “moral” ya se convierte en un tema complejo, con solo decir que hasta incluso en su definición no se tiene un concepto determinado. Es más, a partir de este análisis, se fomenta la capacidad de análisis y reflexión al momento de determinar si es que realmente la moral tiene límites o en todo caso, cómo poder identificar aquello; no obstante, ya caeríamos dentro del plano filosófico, antropológico, etc. que no son objeto de este ensayo.

Por último, concluir que, a raíz de todos los últimos acontecimientos que han dejado una gran marca en la historia de nuestro país, resulta casi como una obligación para nosotros, los jóvenes, informarnos y analizar de una manera correcta y, sobre todo, informada sobre lo que sucede con nuestra política que juega un papel determinante para el progreso de nuestro querido Perú.

Artículo de opinión

Olenka Idelsa Vásquez Sánchez

Miembro de la Asociación de Debate Última Instancia "A.D.U.I."